Bogotá D.C., 24 de julio de 2008.- El senador Rodrigo Lara Restrepo radicó hoy un proyecto de ley que busca reformar el Estatuto Anticorrupción, a fin de fortalecer y actualizar la normatividad vigente en el tema y aprovechar la ratificación de Colombia frente a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

La iniciativa extiende el delito de tráfico de influencias a cualquier persona, relaciona el testaferrato con delitos contra la administración pública que involucren actos de corrupción, entre ellos el peculado, el cohecho y la concusión y aplica sanciones a las personas jurídicas cuando la conducta punible sea realizada por el órgano de representación de la entidad.

El proyecto, igualmente, inserta dos nuevas inhabilidades: La primera, buscar prohibir la llamada “puerta giratoria” para impedir que los altos funcionarios del Estado que pertenecen a la rama ejecutiva, salgan del cargo y se vinculen al sector privado en áreas donde él ha tomado decisiones.  Así se asegura que las decisiones públicas no sean influenciadas por posibles beneficios, o que la información obtenida por un funcionario público en su paso por la administración, sea utilizada de manera inadecuada; la segunda, es la prohibición de que los familiares de altos funcionarios de la rama jurisdiccional y de la organización electoral se vinculen al ejecutivo.

Así mismo, se crean tres modalidades de protección para los funcionarios públicos que denuncien actos de corrupción: una en la que el denunciante podrá pedir un evaluador diferente de su actividad cuando los hechos que denuncie involucren a su jefe directo; otra en al que se establece como falta disciplinaria la realización de represalias contra quien denuncia y una tercera en la que se hace cesar actos que se profieran en contra del trabajador por haber denunciado hechos de corrupción, incluida la posibilidad de restituirlo en el cargo.

Se crea un Certificado Único de Antecedentes, que incluirá información disciplinaria, fiscal y penal de las personas, el cual será administrado por la Procuraduría General de la Nación y para ello las otras entidades están en la obligación de alimentar con información la base de datos.  Este certificado deberá ser solicitado por las entidades públicas que vayan a hacer nombramientos o a hacer contratos estatales.

El proyecto también amplía el límite de la prescripción para los delitos contra la administración pública, a 30 años, para la Acción de Repetición a 10 años e igualmente para la responsabilidad fiscal y para la acción disciplinaria.