Bogotá D.C., 2 de julio de 2008. En medio de esta difícil situación en que se encuentra el país, lleno de confusiones, de actitudes agresivas, de egos alborotados, es necesario empezar a separar lo remediable de lo irremediable. Solo cuando esta claridad esté establecida será posible identificar correctivos para resolver lo que tiene solución y, de malas, asumir los costos de lo que no. Y toca hacerlo porque, como lo han dicho todos, lo que está en juego es un bien preciado para los colombianos, su democracia, su institucionalidad, su Estado Social de Derecho, consagrado en la Constitución de 1991, apoyada por grandes mayorías.
 
Constituye realmente una paradoja que el Presidente colombiano más popular de la historia reciente se enfrente a una cruel realidad: su reelección está marcada por el delito de cohecho. Se ha dicho en todos los tonos: no se trata de poner en duda la voluntad del pueblo colombiano que lo eligió con una mayoría abrumadora de votos, sino de la forma como se tramitó en el Congreso de la República el acto legislativo que aprobó la reelección. "Semana" lo ha puesto muy claro: "Lo que está en tela de juicio no es la mayoría que respaldó al Presidente en las urnas, sino si tenía o no derecho de presentarse a ellas" Lo primero que salta a la vista es que esta situación no tiene remedio así la Corte Constitucional decida no hacer nada por ser caso juzgado. Lo irremediable, y probablemente esto es lo que tiene descontrolado al Gobierno y al señor Presidente Uribe, es que su presidencia pasará a la historia con este pecado. No era, sin duda, lo que se esperaba en medio de tanto reconocimiento.
 
Yidis está condenada por no haber votado a favor de la reelección como un acto voluntario sino que su apoyo obedeció a prebendas que recibió del Gobierno. Quién lo hizo, cómo lo hizo y por qué lo hizo, es asunto que la Fiscalía General de la Nación tendrá que resolver. Por lo pronto, ya abrió pliego de cargos contra el embajador Sabas Pretelt, el ministro de Protección Social, Diego Palacios y otros altos funcionarios y ex funcionarios del Gobierno, entre ellos, nada menos que el actual presidente de Fedegán, un gremio que siempre ha apoyado irrestrictamente al señor Presidente.
 
¿Se justifican en estas circunstancias las reacciones del Gobierno? Es evidente que no, porque nadie está cuestionando lo que se trata de reforzar con el famoso referendo cuyo objetivo es hacer lo imposible, retroceder la historia, rehacerla, repetir lo irrepetible, las elecciones del 2006. Nadie niega la alta popularidad presidencial y la seguridad de que si se pudieran repetir esas elecciones contaría con un gran apoyo. Pero ese no es el punto y lo peor es que no se han medido adecuadamente las consecuencias de entrar en el complejo mundo de sacar no uno sino dos referendos, uno para refrendar lo que falta del período 2006-2010 y otro para el o los próximos períodos presidenciales. Lo sensato, también lo ha dicho todo el mundo, es esperar que la Corte Constitucional se pronuncie, pero para esto se necesita no impaciencia sino paciencia.
 
Es preocupante lo que puede suceder con la economía y es función del  ministro del ramo armarse de valor y exponer las consecuencias del famoso referendo. La inversión, las grandes decisiones económicas, siempre están atadas a las expectativas y estas en este momento, con el enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Judicial, están por el suelo. La famosa confianza inversionista, que tanto alega el gobierno como la razón del alto crecimiento, que además ya se está desacelerando, se va a ir al piso porque cuando las reglas del juego de un país no se ven estables, la inversión, los negocios, se van a donde las cosas estén claras. Esto es lo remediable, no hacer el referendo. ¿Será que es posible que la sensatez llegue al alto Gobierno? El país espera con ansiedad que se reflexione y se frene  la idea loca de repetir lo irrepetible para resolver lo que no está en entredicho.