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Bogotá D.C., 9 de mayo de 2008. Por cuenta de la extensión del escándalo de la parapolítica y las investigaciones de la Corte Suprema de Justicia que ya involucran a más de 60 parlamentarios, la Reforma Política que se tramita en el Congreso desde el semestre anterior cada vez pierde más el carácter de un cambio estructural e integral a nuestro sistema político y se convierte en una solución coyuntural y puntual al propio escándalo. Y es totalmente comprensible esta situación, en la medida en que los colombianos reclaman con razón sanciones ejemplarizantes tanto a los individuos como a los partidos políticos involucrados en las investigaciones de la Corte y la Fiscalía.
El régimen sancionatorio contemplado en la reforma se convirtió en el corazón de la misma y la gente espera que el Congreso y los partidos sean capaces de rectificar y asumir una actitud ética de responder políticamente ante esta catástrofe democrática del país. Por ello, se hace indispensable que se aprueben medidas como la de la "silla vacía" a partir de la medida de aseguramiento que se expida contra cualquier congresista, la cancelación de la personería jurídica a aquellos partidos que tengan más de la mitad de los congresistas involucrados con los paramilitares y la devolución de los dineros que haya entregado el Estado por cuenta de las curules manchadas con sangre.
El Senado de la República, y más específicamente su Comisión Primera, debe ser consciente de la enorme responsabilidad que tiene de aprobar esta reforma en los términos en que salió de la Cámara de Representantes, sabiendo que es tan solo la cuota inicial de una reforma estructural al sistema político que deberá ser concertada por todos los partidos a partir del 20 de julio próximo. Mientras tanto, es necesario enviar un mensaje claro y contundente a la opinión pública con estas sanciones políticas a los hechos que ya sucedieron, para después adoptar las decisiones de fondo que garanticen que no se vuelvan a repetir en futuras elecciones.
El gran desafío del Senado es demostrar que le interesan más los ciudadanos y la depuración política que las aspiraciones reeleccionistas del Presidente Uribe. El reto es que, con independencia frente al Gobierno Nacional que se opone con razones politiqueras a las sanciones inmediatas a los partidos, el Senado apruebe una reforma que demuestre un arrepentimiento real frente a los vergonzosos episodios electorales del 2.002, 2.003 y 2.006.
Si la Comisión Primera le falla al país para cumplirle al Presidente, se harán incontenibles y contundentes las voces que ya se escuchan, según las cuales el actual Congreso de la República no tiene la voluntad política ni está en condiciones, no solo de aprobar la reforma, sino además de funcionar normal y eficazmente hasta el año 2.010. Ojala se logre el consenso político entre los partidos de gobierno y oposición, con el que se comience a recuperar la credibilidad del poder legislativo frente a sus ciudadanos, antes que sea demasiado tarde. Pensemos en las instituciones que perduran y no en los hombres que estamos de paso. Es tal vez la última oportunidad que nos brinde la sociedad colombiana ante la crisis política más grave que hemos tenido desde el 9 de abril de 1.948.
